Hoy compartiré con ustedes algunas reflexiones sobre el caso de corrupción más grave, por su cuantía económica y por sus implicaciones políticas, de nuestra historia democrática, muy por encima del denominado caso Filesa, aquel que enjuicio y condenó la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989. Debemos recordar que en este caso los hechos fueron probados por una Judicatura que condenó a varios dirigentes de esta formación.
En primer lugar, recordar que Andalucía es la única comunidad autónoma de España donde siempre ha gobernado el partido socialista, nunca ha habido un cambio en su estructura política a pesar de ser la autonomía con las peores cifras macroeconómicas del país. Quizás por ello, deberíamos resaltar que nos enfrentamos a un caso de corrupción que ha repartido más de mil millones de euros entre personas ficticias cercanas a la estructura de poder con la única intención de consolidar la red de clientelismo que ha asegurado en todos estos años la hegemonía política de esta formación.
El caso de los ERE en Andalucía destapa una red de corrupción, que hasta el momento ha sacado a relucir, entre una treintena de nombres, los de varios altos cargos socialistas: dos ex consejeros de empleo, un ex vice consejero y tres directores generales de la misma área. Dirigentes políticos que asumieron las responsabilidades delegadas por los presidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Por tanto, surge una duda razonable si tenemos en cuenta las ingentes cantidades económicas gestionadas ¿habría sido posible hacerlo, al menos, sin el conocimiento de quienes han ostentado la máxima dirección política? Sin ninguna duda, las investigaciones policiales y judiciales pondrán definitivamente nombre al señor X del entramado de los ERE en Andalucía.
