- Márquez dice que parte de las declaraciones de Ali son "una desmesura" y adelanta que su grupo no apoyará la moción que este martes elevarán al Pleno socialistas y localistas

- El consejero justifica que se recurra en parte a los contratos menores "por agilidad administrativa" pero asume que "es necesario trabajar para impedirlo cuando no sea procedente"

- La Ciudad asegura que en los expedientes existen justificaciones coincidentes, pero en el proyecto obran documentos como planos y fotografías que demuestran que son trabajos diferentes

- Afirman que las mediciones y los presupuestos tampoco son idénticos

Una de las críticas constantes al Gobierno por parte de la oposición es la dificultad con la que cuentan para acceder a ciertos informes o documentos a los que tienen derecho por su condición de diputados. Un problema que según UDCE-IU y PSOE obstaculiza gravemente su labor de oposición. El partido liderado por Mohamed Alí recordaba por ejemplo que el informe sobre gastos en asesorías externas llevaba un retraso de 40 días, cuando según ley debería haber sido entregado en 15. Circunstancia que ha sido negada por la portavoz del Ejecutivo, Yolanda Bel, que ha reconocido que en ocasiones se han producido efectivamente retrasos, pero se trata de circunstancias puntuales y no de forma general.

El grupo del PSOE en la Asamble ha denunciado que el Gobierno local contrató en el plazo de dos semanas a la empresa Deloitte dos informes prácticamente idéntidos sobre el ciclo de gestión del agua en Ceuta, cada uno por valor de 12.000 euros. El primer informe fue solicitado por la Consejería de Hacienda el 20 de septiembre, y el segundo por la empresa municipal Acemsa, a través de su presidenta, Yolanda Bel, el 2 de octubre.

La consejera de Medio Ambiente y presidenta de Acemsa, Yolanda Bel, ha negado que Acemsa haya efectuado durante cuatro años cobros irregulares a los vecinos de Juan Carlos I y Erquicia como ha denunciado el PSOE. Bel asegura que la cuota por las estaciones sobrepresoras es totalmente legal dentro del reglamento del servicio, tal y como explicaron el gerente y técnicos de Acemsa a la propia portavoz socialista en una reunión. De hecho, según Bel en ese encuentro Inmaculada Ramírez se mostró convencida por las explicaciones ofrecidas, por lo que le "extraña" que ahora haya cambiado de idea.

Aunque todos los indicios apuntan a que el desgraciado fallecimiento de un operario de Obimace el pasado sábado en el Tarajal se debió a un accidente laboral, la consejera de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno, Yolada Bel, ha asegurado que el Ejecutivo no lo calificará de esa forma ni de ninguna otra hasta que no se pronuncien los distintos informes y el juez. Bel ha indicado que todas las partes cuentan con la documentación requerida, que no puede hacer publica porque se encuentra en un "proceso judicial", pero sí ha calificado de "afirmaciones a la ligera" algunas de las dudas que se han planteado desde los sindicatos sobre las medidas de seguridad y laborales en la limpieza del Tarajal.

Lo inaudito ha sucedido en el pleno extraordinario para el Debate sobre el Estado de la Ciudad. En un hecho insólito, el propio presidente Juan Vivas ha reconocido que los informes sobre la situación económica y social de Ceuta que se envían a Europa para solicitar la llegada de fondos comunitarios están manipulados. Una circunstancia que Vivas no sólo no ha tenido reparos en admitir, sino que asegura haría de nuevo. Todo ha surgido a raíz de que el portavoz de UDCE-IU, Mohamed Alí, utilizase los resultados del informe sobre Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que se incluye en el programa operativo hasta 2013 para señalar la mala situación real que vive Ceuta frente a la bonanza que pintaba Vivas en su discurso. El presidente le ha contestado sin pudor que dicho informe se realizó para pedir dinero a Europa, y que si se dice que todo va bien no dan nada.

El debate más tenso del pleno de marzo ha sido sin duda el que ha enfrentando por un lado al portavoz de UDCE-IU, Mohamed Alí, y por otro a la consejera de Medio Ambiente, Yolanda Bel, e incluso al presidente Vivas sobre la propuesta del grupo opositor de estudiar la posible rescisión del contrato de limpieza de Urbaser. La intención del Gobierno de paliar con las arcas municipales la subida del sueldo de los trabajadores de la empresa ha terminado en un crudo enfrentamiento, con acusaciones veladas y no tanto, en el que el Gobierno ha cerrado filas en defensa a ultranza de la empresa y de la gestión de la limpieza desde la llegada de Vivas al poder, precisamente y según han denunciado partirdos como el PSPC desde hace años con el contrato de Urbaser como uno de los puntales de la negociación que promovió el derrocamiento de Antonio Sampietro y el GIL. El punto más destacado de lo sucedido es sin duda que la consejera de Medio Ambiente ha ofrecido a la empresa un revisión del contrato para incluir esa subida de sueldo sin haber consultado ni recibido informes de la Intervención o la Secretaría General. Un hecho del que se ha responsabilizado el propio Juan Vivas.

El delegado del Gobierno, Jenaro García Arreciado, se ha pronunciado sobre el conflicto que mantienen la Ciudad y el Ministerio de Hacienda sobre la titularidad de la parcela del mercado. García Arreciado confía en que ambas administraciones lleguen a una solución, pero cree que "filtrar informes hechos en 24 horas y cartas con la Administración General de Estado no ayuda", y se trata de problemas que deberían tratarse "en otras reuniones más discretas". El delegado reitera que "la propiedad registral es la que es" y no se puede discutir.

Y como estabe previsto, el Consejo de Gobierno ha certirficado la que desde un inicio ha sido la única intención de Juan Vivas, instalar el mercado en la Manzana del Revellín. El Consejo ha aprobado iniciar el proceso de contratación del arrendamiento del semisótano de la Manzana para ubicar el mercado central, mediante la figura del negociado sin publicidad. Una decisión que hace caso omiso de los propios informes económicos con los que cuenta la Ciudad. Intervención alegaba que era necesario un estudio económico de las distintas opciones. El documento indicaba que en términos económicos las opciones más ventajosas son la compra del semisótano de la Manzana, o la construcción de un nuevo mercado en la Plaza Vieja, ambas con un coste similar. La decisión del Ejecutivo de Vivas ha sido la de elaborar una alambicada figura que a su juicio hace caso a esta recomendación. Inicia el contrato de arrendamiento, pero con una opción de compra, que eso sí, deberá hacerse efectiva antes del primer pago.

Las bonificaciones a la Seguridad Social, consideradas por casi todos los agentes sociales y políticos como una de las principales medidas con las que cuenta Ceuta para mejorar su situación económica, están a pocas semanas de caducar. A finales de febrero terminará el actual proceso de bonificaciones, que se encuentra en la actualidad en plazo de revisión. Para su renovación se ha realizado un estudio de su impacto real sobre la economía ceutí, en el que debe incluirse un informe realizado por la Ciudad autónoma. Documento que según han confirmado a Ceuta al día fuentes próximas al área económica de la Ciudad todavía no se ha elaborado.

El grupo del PSOE en la Asamblea ha denunciado la negativa del Gobierno local a suministrarle la información requerida sobre la Manzana del Revellín. En concreto, los socialistas afirman que han solicitado al Ejecutivo los estudios encargados a Mercasa y Cuatrecasas sobre el posible traslado del mercado a la Manzana, sin obtener respuesta alguna. El PSOE recuerda que el Gobierno está obligado a dar a la oposición la información que pida, por lo que este incumplimiento demuestra la intención del presidente Vivas de mantener la polémica de la Manzana "en un nivel bajo, para poder operar con las manos libres, sin el control de los diputados ni de la oposición pública".