C's traslada a sus órganos nacionales el caso de Román y Mohamed para que fuerce su dimisión


C's traslada a sus órganos nacionales el caso de Román y Mohamed para que fuerce su dimisión

- Los estatutos del PP sólo obligan a abrir expediente informativo a las dos consejeras investigadas por la Justicia 

- En el caso del presidente de Murcia, por ejemplo, la propia Ley de Transparencia de la región le obligaría a dimitir

La corrupción está sacando chispas por el flanco murciano al pacto de investidura entre Ciudadanos y el Partido Popular de Mariano Rajoy, y los del partido naranja en Ceuta quieren sumar a ese incendio declarado el caso de Loma Colmenar. Lo avisaron la pasada semana y han insistido este mismo lunes a la vista de que tanto la consejera de Economía y Hacienda, Susana Román, como la de Educación y Cultura, Rabea Mohamed, siguen al frente de sus áreas de gestión a pesar de estar siendo investigadas (antigua imputación) por un juzgado por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. La agrupación de Ciudadanos Ceuta a la vista del oído sordo de Vivas, que no aceptó la dimisión presentada por ambas, ha optado por amplificar su petición de dimisión trasladando el asunto a los órganos nacionales del partido en Madrid, tal y como ha explicado uno de los miembros de la Ejecutiva, Prakash Sunderdas, ‘Piku’, este mismo lunes.

“Acuerdo PP y Ciudadanos (artículo 93): Se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del proceso judicial ¿Se aplicará en Ceuta?”, se ha preguntado en su muro en la red social Facebook Sunderdas, que ha confirmado a Ceutaldia.com que la dirección del partido en Madrid está convenientemente informada de lo que pasa en Ceuta.

Así, Vivas ha optado por acudir a Madrid. No le queda otra, en realidad si se atiende a lo que decían los Estatutos del Partido en el antiguo Código de Buenas prácticas, ironías de la vida, redactado por Ana Mato (la del Jaguar en el garaje y el confeti a doblón), y lo que dicen los recién aprobados hace una semana.

De hecho, a Roman y Mohamed, la formación les debería abrir un expediente informativo.

“Desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una investigación judicial a un afiliado, por un caso de los referidos en este punto, se procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se produzca la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente. La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial. En casos de delito fragrante de corrupción, el Comité de Derechos y Garantías a la vista de la gravedad de los hechos y la alarma social creada podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto”, reza la ponencia de Estatutos que habla por primera vez de investigados/imputados, pero que más o menos viene a dejar en manos de los órganos del partido qué hacer en cada caso atendiendo a criterios políticos y de opinión pública.

Es una avance, porque en el anterior código de Buenas Prácticas ni tan siquiera se concretaba la apertura de los expedientes y se quedaba todo en una comunicación al Comité de Ética de la formación nacional, para que tomara decisiones si era oportuno y es mundialmente conocida la capacidad de Rajoy para no tomar ninguna en estos casos. "Al final la vida es resistir", que le escribió a la esposa de Bárcenas.

Otro gallo cantaría si esto fuera Murcia. Allí el Gobierno de la Región desarrolló su propia Ley de Transparencia y Buen Gobierno y allí con claridad meridiana en el artículo 54 constató –Al igual que Cifuentes en Madrid- que si un juez imputa a un cargo público por delito de corrupción, el cargo se acaba:

“En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones”, reza ese artículo que precisamente está invocando Ciudadanos en Murcia para forzar la salida del presidente de la Región. El 404 es la prevaricación.

Así que lo que es seguro que a Román y Mohamed el PP les abrirá expediente informativo que correrá de forma paralela a la investigación judicial que les acusa de haber cometido supuestamente delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Todo lo demás es sólo fruto de la voluntad política, del PP local, que ya las ha respaldado en sus puestos y del nacional, al que Vivas va esta semana a explicar el asunto. Nada más.

Por cierto, en los nuevos estatutos del PP, también consta un interesante artículo: “Todos los Cargos Públicos del Partido Popular deberán comparecer como mínimo, con periodicidad anual ante las asambleas de afiliados, que se organicen en el ámbito territorial al que pertenezca el Cargo Público, para someter a evaluación su gestión y actividad política en el formato que cada formación del partido decida según su ámbito territorial”.

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