Rebelión en la Asamblea
Palomo ha sido una de las más activas.

- Un grupo de unos 70 funcionarios decide en asamblea judicializar la supresión de jornadas partidas y especiales anunciada por Márquez en cuanto se concrete y "destapar mierda" del Gobierno de Vivas

- El colectivo crea una Comisión para formalizar sus reivindicaciones ante Ciudad y sindicatos y exigirá al Ejecutivo que elimine personal eventual y altos cargos antes de recortar sus retribuciones


Cada vez más recelosos de lo que se negocia "a nuestras espaldas" sobre su dinero, un grupo de alrededor de setenta trabajadores de la Ciudad Autónoma, otra vez en su mayoría de la Administración General, veteranos, han decidido este lunes por la tarde en asamblea plantarle cara al Gobierno de Vivas, que recibió a algunos de sus promotores el pasado viernes para "tranquilizarles" sin éxito alguno, y darles un nuevo toque de sirena a los sindicatos.

El grupo, que a diferencia de su primera reunión del 9 de febrero esta vez no ha impedido a los periodistas seguir en directo sus debates, anda más que mosqueado con lo que el Ejecutivo y las centrales sindicales están debatiendo alrededor del proyecto de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Ciudad, un documento sobre el que se ha podido escuchar a varios decir que no vale "para nada" por su contenido, por cómo se está tramitando y por plantearse "a coste cero".

Los reunidos han compartido con quienes vieron a Vivas lo que les dijo el presidente: que las nóminas están aseguradas pero que la desaparición de más de 200 jornadas partidas y especiales (o lo que es lo mismo, 300 euros de media menos en cada una de sus 14 pagas para los afectados) no es negociable. Los más adelantados, los que han visto la RPT o una parte, han advertido de que los recortes pueden ir más allá, lo que ha soliviantado al resto.

De nuevo con el puño en alto, la jefa del Área de Menores, Toñi Palomo, ha tomado en varias ocasiones la palabra para reprochar al Ejecutivo de Vivas su comportamiento: "¿Qué pretende? ¿Fomentar corruptelas, tener gente que se venda? ¿Por qué sigue nombrando altos cargos como el director general de la Fundación Crisol esta [Jesús Fortes] que ni a los funcionarios ni a la ciudadanía nos sirven para nada?", ha preguntado de forma retórica al resto mientras alguno aseguraba que de los cargos políticos eventuales "algunos ni aparecen" por sus mesas de trabajo.

"No podemos permitir que nos quieran endosar las mismas competencias con menos personal y menos dinero, que nos toquen la pasta, que nos toquen la comida de nuestras familias y la jubilación", ha subrayado Palomo. Desde el otro lado del Salón de actos de la Asamblea, un jurídico ha alertado de que lo que quieren Vivas y Márquez es "uniformar el Complemento Específico, actualmente formado por unos 14 conceptos distintos, de todo Dios".

El debate ha derivado después hacia la movilización, hacia la conveniencia de aprovechar la media hora de desayuno cada día "para ir a pitarle al de la primera planta" sabiendo que "eso es lo que le fastidia", aunque ahí no se fraguó ningún acuerdo.

Sí hubo consenso para formar una Comisión que, con ocho integrantes (María del Valle Guerrero, Francisco Muñoz, Pedro Borja, Juan Carlos Lara, Juan Manuel Verdejo, Antonio Troyano, Laura García y Toñi Palomo), se encargará de recibir propuestas, ideas, quejas y sugerencias del colectivo, que se aglutinará alrededor de la Asociación de Funcionarios.

Después de aquel manifiesto de febrero que firmaron unos 500 trabajadores de la Adminitración para pedir al Gobierno recortes igualitarios a partir de una verdadera política de austeridad, a ese grupo le corresponderá concretar de nuevo negro sobre blanco las principales peticiones del grupo: que se prescinda de altos cargos eventuales, directores generales, subdirectores, viceconsejeros y demás antes de tocar las retribuciones de los trabajadores; y que "no se negocie a nuestras espaldas".

Los reunidos también han acordado recurrir la retirada de las jornadas partidas y especiales "no imprescindibles", como presenta el Gobierno la medida, en cuanto se concrete, ya sea en un Decreto colectivo o en varios cientos individuales. "Ni se pudieron conceder arbitrariamente ni se pueden retirar de esta manera, salvo que el Gobierno admita que lleva diez años prevaricando, porque además la legislación establece que es la Corporación, no el Ejecutivo, el competente para tomar una medida así previa evaluación de la situación", se ha escuchado a varios argumentar.

Como apostilla se han oído aplausos para quien, a modo de guinda, ha instado a quienes sepan algo a "destapar mierda" del Gobierno de la Ciudad.

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