Los sindicatos sospechan que el Gobierno les usa para presentarles como culpables de los recortes

Embarcados desde finales de enero en un tira y afloja del que a ningún sindicalista se le escapa que puede salir poco o nada bueno para los trabajadores del sector público a corto plazo, UGT, CCOO y CSI.F volverán a verse este martes con el director general de Recursos Humanos de la Ciudad después de hacerlo ayer con el consejero de Hacienda. De la Torre fue el encargado, el pasado jueves, de cerrar la "emboscada" gubernamental a las centrales, a las que instó a firmar una propuesta para garantizar el 50% de las jornadas partidas y especiales a un grupo de más de 200 trabajadores a los que inicialmente se le iban a retirar por completo negándoles la posibilidad de acceder a la valoración económica de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de todos los trabajadores de la Administración, donde entienden que el acuerdo debe quedar reflejado "para garantizar las condiciones del mismo".

A los pocos minutos, vía nota de prensa, la Ciudad Autónoma dejó claro que esa era su última oferta, que si no aplicaría su planteamiento original de desaparición de esa parte del Complemento Específico para todos (una relación nominal que la parte social ni siquiera tiene) y "por primera vez" estableció una comunicación directa con los trabajadores a través del correo electrónico con la plantilla.

En privado, los sindicalistas alaban la "perversión" de la estrategia del Ejecutivo, que ha pasado de ser silbado por cientos de funcionarios ante las puertas del Palacio autonómico a primeros de febrero a poner a los sindicatos en el ojo del huracán a finales de marzo, cuando apenas queda una semana para bajar la guillotina sobre las retribuciones de aproximadamente la mitad de la plantilla del sector público local (empresas municipales incluidas). Hagan lo que hagan, los representantes de los sindicatos tienen la sensación de que saldrán trasquilados por algún lado.

Aún peor, muchos temen que en realidad el Gobierno, que sólo ha cedido en algo con quienes cobraban partidas y especiales, les empuja a no firmar para aplicar el recorte inicial, con un ahorro presupuestado en un millón de euros, y no el matizado posteriormente, en el que para mayor inri ha implicado a colectivos que al principio parecían quedar al margen como la Policía Local.

Salvo que cambien "mucho" las cosas, dan por "imposible" poder llegar a un acuerdo con el Gobierno de Vivas, que ha dado la vuelta a la tortilla. Si UGT, CCOO y CSI.F no firman la propuesta del Ejecutivo serán señalados como los culpables de que más de 200 empleados pierdan íntegramente los pluses que percibían en concepto de jornadas partidas y especiales; si lo firman, se ganarán el reproche del resto de trabajadores del Ayuntamiento, más de 1.200.

En el sector público empresarial, 'de facto', casi dará igual lo que hagan. Los sindicatos creyeron poner un dique a la capacidad de presión del Gobierno exigiendo una negociación conjunta de los ajustes para todas las sociedades, pero el Ejecutivo l0 ha desbordado. La semana pasada rechazaron un recorte salarial de hasta el 6% en este sector y, como quien oye llover, sin necesidad de recordad siquiera que la reforma laboral le permite hacer lo que quiera, el consejero de Hacienda ha asegurado este lunes que la propuesta sigue adelante y ahora se abordará en el seno de cada empresa.

En este caso, aunque el concepto de "justicia" y "equidad" de los de Vivas para aplicar el 'tijeretazo' llega con dos años de retraso, buena parte de los sindicalistas consultados por este periódico comparten con la Asociación de Funcionarios que el esfuerzo debe ser compartido. No sucede lo mismo en el Ayuntamiento, donde un día sí y otro también llegan a las oficinas de UGT, CCOO y CSI.F serias advertencias de bofetadas individuales y colectivas en forma de ceses de afiliación si avalan el mantenimiento del 50% de los pagos por jornadas partidas y especiales.

Márquez ha pedido este lunes un imposible a las centrales, que plasmen por escrito su impresión al respecto. O lo que viene a ser lo mismo, que hagan lo que el Gobierno no se ha atrevido a hacer: señalar a quienes han cobrado más (y seguirían haciéndolo) por trabajar menos para que sean ellos quienes pierdan el extra.

"La mitad, o menos, cumplen o necesitan las jornadas vespertinas"

Sólo bajo el innegociable principio de reservar su confidencialidad, las fuentes consultadas reconocen que "aproximadamente el 50%, quizá más" de quienes integran esa lista de beneficiarios del plus "voluntario, personal y extinguible" han cumplido con los requerimientos horarios (ir a trabajar por las tardes) que deben para percibir esas remuneraciones añadidas. Quizá "menos aún" los necesitan realmente para cumplir sus funciones y que el pago no sea una gratificación, sino una contraprestación por su labor para la Administración.

En privado, aseguran incluso que hasta los vigilantes de seguridad del 'Ceuta Center' han dado el alto durante los últimos días, ahora que sube la marea y hay que disimular, a algún funcionario que, tras no hacerlo nunca, se ha presentado en su oficina en horario vespertino. "En cualquier caso, la necesidad o no de esas jornadas es un asunto que debe dirimir el Gobierno, el responsable en materia de Personal, no convertir a los sindicatos en jueces de los trabajadores", alegan.

Sin RPT cuantificada económicamente ni Convenio Colectivo único sobre la mesa, la única salida, "por llamarla de alguna manera", que ha dejado persistentemente abierta el Ejecutivo local a los sindicatos es la de justificarse en la necesidad de tragar para mantener el empleo, para que no haya despidos en las sociedades municipales ni de Personal Laboral en la Ciudad, las dos alternativas que abre el formulario de Plan de Ajuste que el Ministerio de Hacienda ha publicado en el BOCCE para que las entidades locales que, como Ceuta, han pedido dinero para pagar a sus proveedores (en el caso de la Ciudad, 79,4 millones), pongan cifra a la maximización de ingresos y al recorte de gastos que se proponen acometer de aquí a 2022 para asegurar el pago de lo que reciban prestado con el aval del Estado.

Precisamente una de las partidas que pueden precisar los municipios en sus Planes de Ajuste pasa por valorar la “regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso”, es decir, las posibles consecuencias sobre las plantillas municipales de la reforma aprobada por Rajoy, que contempla despidos procedentes con la indemnización más baja en caso de insuficiencia presupuestaria, contra la que las centrales mayoritarias han convocado una huelga general a finales de mes.

La Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicada determina el modelo del Plan de Ajuste y, entre las medidas que se contemplan para la reducción de gastos cita la reducción de costes de personal, mediante la "reducción de sueldos o efectivos" (Medida 1), una nueva regulación del régimen laboral y retributivo (Medida 2), la regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso (Medida 5) o la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio (Medida 15), entre otras.

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